¡Escándalo en ANDIS! ¿Comisiones ilegales salpican a Karina Milei?

Un escándalo de corrupción sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y las acusaciones apuntan directamente a Karina Milei, hermana del Presidente. Audios revelados por Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, destapan una trama de sobornos vinculada a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Según Spagnuolo, Karina Milei recibiría un 3% de comisión a través de la droguería Suizo Argentina, que a su vez cobraba un 8% a los proveedores.

La magnitud del esquema es alarmante: se estima que generaba entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales. Aunque Karina Milei no ha sido formalmente imputada, su nombre y el de Javier Milei han sido vinculados al caso debido a su cercanía con Spagnuolo y su influencia en la gestión de la ANDIS. La oposición exige una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar el alcance de la participación de los involucrados.

Este escándalo pone en tela de juicio la transparencia y la ética en la gestión de los recursos destinados a las personas con discapacidad, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. La gravedad de las acusaciones exige una respuesta contundente por parte del gobierno y la justicia para garantizar que los responsables rindan cuentas por sus actos.

Las repercusiones políticas del caso son impredecibles, pero sin duda erosionan la imagen del gobierno de Javier Milei, que ha prometido combatir la corrupción y la impunidad. La sociedad argentina espera una investigación imparcial y transparente que llegue hasta el fondo de la verdad y castigue a los culpables.

¿Qué sigue en la investigación?

La justicia deberá determinar la veracidad de los audios y las acusaciones de Spagnuolo, así como identificar a todos los involucrados en el esquema de corrupción. La situación es delicada y la presión pública aumenta a medida que se conocen nuevos detalles del caso. La transparencia y la celeridad en la investigación serán cruciales para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que los recursos destinados a las personas con discapacidad se utilicen de manera eficiente y honesta.