La Cámara de Diputados no logró aprobar un artículo clave del proyecto que buscaba modificar la Ley 26.122, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Esto significa que la iniciativa regresa al Senado para su tratamiento. La reforma apuntaba a limitar el poder del Ejecutivo y fortalecer el rol del Congreso en la validación de los decretos, un tema de debate constante desde la implementación del DNU 70/23, conocido como el “Mega DNU” del gobierno de Milei.
¿Por qué el proyecto vuelve al Senado?
El punto central del desacuerdo fue el artículo 3°, que proponía invertir el criterio de validez de los DNU. Actualmente, ambas cámaras deben rechazar un DNU para que sea derogado. La reforma proponía que los decretos solo serían válidos si ambas cámaras los aprobaran por mayoría dentro de los 90 días de su publicación. A pesar de haber sido aprobado en general con 140 votos afirmativos, la falta de consenso en este artículo clave obligó a que el proyecto regrese al Senado.
Este revés legislativo le da tiempo al gobierno de Milei, postergando la discusión hasta después de las elecciones. Se espera que el oficialismo intente retomar el diálogo con ex aliados y buscará defender un eventual veto presidencial con la nueva composición de la Cámara, donde aspiran a tener un tercio de los diputados.
El contexto político y las negociaciones
En la previa de la sesión, el asesor presidencial Santiago Caputo habría buscado acercamientos con los gobernadores para evitar una derrota legislativa. Estas gestiones permitieron ganar tiempo, aunque la incertidumbre sobre el futuro de la ley de DNU persiste. El oficialismo confía en que, después de las elecciones, el escenario político será más favorable para sus intereses.
Desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA) destacan que los 140 votos positivos demuestran que la oposición aún no cuenta con los dos tercios necesarios para rechazar un veto presidencial. Ven una oportunidad para defender la postura del gobierno en el futuro.
La discusión sobre los DNU continúa siendo un tema central en la agenda política argentina, con fuertes críticas sobre la constitucionalidad de la norma y la necesidad de un mayor control legislativo.