Cristina Fernández de Kirchner enfrenta un nuevo capítulo en su trayectoria judicial. La causa de los Cuadernos de las Coimas ha revivido el debate sobre la imparcialidad de la justicia y el posible lawfare en Argentina. La reaparición virtual de la ex mandataria en la primera jornada del juicio generó controversia y puso nuevamente en el centro de la escena las acusaciones de corrupción en su contra.
Causa Cuadernos: Un Juicio Cuestionado
El juicio, que se inició con la lectura de los 40 casos de soborno atribuidos a Cristina Kirchner, ha sido objeto de críticas por parte de su defensa. Carlos Beraldi, abogado de la ex presidenta, denunció irregularidades en el proceso y cuestionó la validez de las pruebas presentadas, argumentando que se basan en cuadernos que supuestamente habían sido quemados y luego aparecieron milagrosamente.
¿Violación de Garantías Constitucionales?
Beraldi remarcó la gravedad de que Cristina Kirchner vuelva a ser juzgada por asociación ilícita, un delito por el que ya fue absuelta en la causa Vialidad. Esto, según el abogado, implica una violación de sus garantías constitucionales y sienta un precedente peligroso para el debido proceso.
- Falta de imparcialidad judicial: Se cuestionan los vínculos entre algunos jueces y actores opositores.
- Acusaciones de lawfare: Se denuncia una persecución judicial y mediática contra la ex presidenta.
- Violación del principio de “non bis in idem”: Se argumenta que se la juzga dos veces por el mismo delito.
La Condena en Vialidad y las Críticas
La condena de Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas, incluyendo la falta de pruebas directas y la desigualdad en el tratamiento de la evidencia.
¿Qué esperar del juicio?
El futuro del juicio es incierto. La defensa de Cristina Kirchner buscará demostrar la falta de pruebas sólidas en su contra y denunciar la persecución política que, según ellos, existe detrás de las acusaciones. La fiscalía, por su parte, intentará probar la culpabilidad de la ex mandataria y demostrar que los hechos de corrupción realmente ocurrieron. Mientras tanto, la opinión pública permanece dividida, con sectores que apoyan la investigación y otros que la consideran una herramienta de persecución política.