Justicia rechaza pedido de Boudou por jubilación de privilegio: Análisis y controversia
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La Justicia Federal rechazó una medida cautelar presentada por Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación, quien buscaba la restitución de su asignación mensual vitalicia, revocada previamente por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Boudou también solicitaba la suspensión de las resoluciones que ordenaban la recuperación de fondos ya percibidos.
Boudou argumentó que, si bien solicitó acceder al beneficio en diciembre de 2015, comenzó a percibirlo en agosto de 2020, sin retroactivos. Añadió que los pagos correspondientes al período 2015-2020 fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria, y que la jubilación de privilegio le fue retirada sin un “fundamento válido”, calificando la acción como ilegítima e inconstitucional.
Paralelamente, la ANSES, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, demandó a Boudou por $236 millones, correspondientes a la jubilación de privilegio percibida durante su condena por corrupción en el caso Ciccone. El organismo previsional argumenta que el beneficio es incompatible con haber cometido un delito contra el Estado en el ejercicio de la función pública.
Causa Ciccone: Un análisis complejo
Boudou fue condenado en 2018 a cinco años y diez meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en la compra irregular de la empresa Ciccone Calcográfica. La Corte Suprema confirmó la condena en 2020, inhabilitándolo de por vida para ejercer cargos públicos.
El debate sobre las jubilaciones de privilegio
La decisión de ANSES de retirar la jubilación de privilegio a Boudou se basa en el artículo 29 de la Ley N° 24.018, que regula las pensiones vitalicias. Este caso reabre el debate sobre la pertinencia de estos beneficios, especialmente para funcionarios condenados por corrupción. La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
- Falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores).
- Acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).
- Violación del principio de “non bis in idem”.
El caso de Amado Boudou y su jubilación de privilegio sigue generando controversia y plantea interrogantes sobre la ética en la función pública y la justicia en Argentina.