¡Alerta Sanitaria! Fentanilo Contaminado Causa 96 Muertes: ¿Qué Pasó?
Fentanilo Contaminado: Una Crisis Sanitaria en Argentina
La crisis generada por el fentanilo contaminado ha escalado a niveles alarmantes en Argentina, con un saldo trágico de 96 muertes confirmadas. Las autoridades sanitarias y judiciales se encuentran investigando a fondo el origen y la distribución de este opioide adulterado, buscando determinar las responsabilidades correspondientes.
La investigación se centra en la trazabilidad de los lotes contaminados, especialmente en nueve casos registrados en Bahía Blanca, cuya procedencia aún genera dudas. Existe la posibilidad de que la cifra de fallecidos pueda variar conforme avance la investigación.
Afortunadamente, se logró incautar la totalidad de las ampollas de fentanilo distribuidas a nivel nacional. Se trata de más de 100.000 ampollas adulteradas con las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae. Las autoridades aseguran que estas ampollas fueron retiradas de circulación y no fueron administradas a pacientes, eliminando el riesgo inmediato en los hospitales.
Investigación en Curso y Pedido de Informes al Gobierno
La justicia ya realizó allanamientos, como el efectuado en la clínica Vélez Sarsfield, en Córdoba, donde se secuestraron historias clínicas para avanzar en la investigación.
La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen unificado solicitando al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre los controles realizados a los laboratorios involucrados en la producción del fentanilo contaminado, la cantidad de fallecidos y las alertas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud y la ANMAT.
El pedido de informes consta de 25 preguntas clave que buscan esclarecer las responsabilidades de los laboratorios HLB Pharma Group SA, Laboratorios Ramallo SA y la Droguería Alfarma SRL, investigados por la justicia federal de La Plata. Se busca determinar si hubo fallas en los controles y quiénes son los responsables de esta grave crisis sanitaria.
La urgencia de obtener respuestas llevó a que el dictamen sea elevado directamente al Poder Ejecutivo, buscando acelerar la investigación y prevenir futuros incidentes.