Suspenden Licencias a Empresas de Seguridad en Barranquilla: ¿Qué Está Pasando?
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha tomado una medida drástica en Barranquilla, suspendiendo temporalmente las licencias de funcionamiento de cinco empresas de seguridad privada. Esta decisión surge tras la detección de presuntos incumplimientos graves a la normativa vigente y forma parte de una estrategia nacional para fortalecer los controles sobre el uso de armas y prevenir su desvío hacia organizaciones criminales.
Empresas Afectadas y Alcance de la Medida
Las empresas afectadas son Maximus Seguridad Privada Ltda., Seguridad Privada Lost Prevention Ltda., Atenas Seguridad Privada Ltda., Blink Seguridad Privada Ltda. y Ol Security Group Ltda. Estas empresas operaban en varios departamentos de la Región Caribe, incluyendo Atlántico, Bolívar, Sucre, Magdalena y La Guajira.
¿Qué Implica la Suspensión?
La suspensión implica que estas empresas no pueden operar como empresas de seguridad privada hasta que la Superintendencia levante la medida. En total, las empresas contaban con 696 vigilantes, 21 vehículos y 483 armas de fuego. La Superintendencia ha solicitado al Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) la custodia provisional de este armamento, con el apoyo de la Policía Nacional.
Irregularidades Detectadas
Entre los hallazgos preliminares que motivaron la suspensión se encuentran:
- Fallas en los mecanismos de control de armas.
- Presuntas relaciones de un socio con organizaciones delictivas.
- Omisiones en los filtros de contratación del personal, con hojas de vida que presentaban antecedentes penales activos por delitos de alto impacto.
- Irregularidades administrativas, como deudas acumuladas con el Fondo de Vigilancia.
Además, la Policía Metropolitana de Barranquilla incautó más de 30 armas de fuego ilegales que se encontraban en poder de estas empresas. Según las autoridades, las armas no contaban con la autorización necesaria para su operación.
Reacciones y Perspectivas
El Ministerio de Defensa ha confirmado que la Superintendencia de Vigilancia encontró presuntas fallas en los sistemas de custodia, trazabilidad y control del armamento, así como su posible utilización al servicio de estructuras criminales. La investigación sigue en curso para determinar la magnitud de las irregularidades y las posibles consecuencias legales para las empresas involucradas.