Suspenden Licencias a Empresas de Seguridad en Barranquilla: ¿Qué Pasó?
Colaboradores
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha tomado medidas drásticas en Barranquilla, suspendiendo temporalmente las licencias de funcionamiento de cinco empresas de seguridad privada. Esta decisión se produce tras la detección de graves irregularidades operativas que podrían comprometer la seguridad pública y facilitar el desvío de armas hacia organizaciones criminales.
¿Cuáles son las empresas afectadas?
Las empresas afectadas son: Maximus Seguridad Privada Ltda., Seguridad Privada Lost Prevention Ltda., Atenas Seguridad Privada Ltda., Blink Seguridad Privada Ltda. y Ol Security Group Ltda. Estas empresas operaban en varios departamentos de la Región Caribe, incluyendo Atlántico, Bolívar, Sucre, Magdalena y La Guajira.
¿Qué irregularidades se encontraron?
- Fallas en los mecanismos de control de armas.
- Posibles vínculos de socios con organizaciones delictivas.
- Omisiones en los filtros de contratación, con personal con antecedentes penales activos.
- Deudas acumuladas con el Fondo de Vigilancia durante más de una década.
- Incautación de más de 30 armas de fuego ilegales.
- Armas sin autorización de la Superintendencia.
Implicaciones de la Suspensión
La suspensión de licencias afecta a un total de 696 vigilantes, 21 vehículos y 483 armas de fuego. La Superintendencia ha solicitado la custodia provisional del armamento al Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE), con el apoyo de la Policía Nacional.
El Ministerio de Defensa ha confirmado que la medida se tomó debido a posibles fallas graves en la custodia, trazabilidad y control del armamento, así como su posible utilización por estructuras criminales. Las autoridades competentes están investigando los posibles vínculos de socios de las empresas con organizaciones delictivas.
Esta acción forma parte de una estrategia nacional para fortalecer los controles sobre el uso de armas y prevenir su desvío hacia actividades ilícitas. Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de las irregularidades y las responsabilidades correspondientes.