La Procuraduría General de la Nación ha solicitado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la suspensión del pago a la Casa de la Moneda de Portugal, relacionado con el convenio para la expedición de pasaportes colombianos. La solicitud se basa en presuntas irregularidades en el proceso de contratación.
¿Por qué la Procuraduría pide frenar los pagos?
El Ministerio Público argumenta que el convenio entre la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional no cumple con todos los requisitos legales. La demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca detalla las razones por las cuales se considera irregular la transferencia de conocimientos desde Portugal para la expedición de pasaportes.
Uno de los principales argumentos es que la contratación se realizó “contra expresa prohibición legal”, desatendiendo el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que establece que la escogencia del contratista debe realizarse, por regla general, a través de licitación pública.
Exsecretario de la Cancillería denuncia irregularidades
José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, ha respaldado la petición de la Procuraduría, calificando el convenio como un “carrusel de irregularidades” que podrían incluso constituir delitos. Salazar afirma que el Gobierno se ha equivocado en el manejo de la situación de los pasaportes, vetando al proveedor actual y firmando convenios entre entidades con distintos regímenes de contratación, además de involucrar a una Imprenta Nacional que, según él, no está en capacidad de asumir el servicio.
La Procuraduría advierte que, de no tomar medidas, se podrían convalidar las irregularidades, poniendo en riesgo el patrimonio público, estimado en $1.3 billones de pesos. La entidad enfatiza que la medida cautelar no afectaría la prestación del servicio, ya que previene el riesgo de prestarlo bajo un negocio jurídico viciado de nulidad.
- La Procuraduría busca proteger el patrimonio público.
- Se argumenta que el convenio viola la ley de contratación pública.
- Un exsecretario de la Cancillería califica el convenio de irregular.