Petro denuncia persecución judicial en Guatemala contra funcionarios colombianos
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El presidente Gustavo Petro ha expresado su profunda preocupación y rechazo ante la solicitud de orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra el embajador Iván Velásquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo. Petro afirma que la Fiscalía guatemalteca "obedece al crimen y no a las ciudadanías", sugiriendo una politización de la justicia en el país vecino.
Las Acusaciones contra Velásquez y Camargo
Las acusaciones contra Velásquez y Camargo se centran en su labor en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de la ONU que investigó casos de corrupción de alto nivel. La fiscalía guatemalteca los acusa de haber favorecido irregularmente a la constructora brasileña Odebrecht en un caso que habría causado pérdidas millonarias al Estado. Según la fiscalía, Velásquez y Camargo habrían negociado acuerdos judiciales irregulares con Odebrecht.
Reacción del Gobierno Colombiano
El gobierno colombiano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha manifestado su enérgico rechazo a esta acción, calificándola como un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional y una vulneración de derechos humanos fundamentales. La Cancillería considera que la orden de captura carece de sustento jurídico.
Petro pide intervención internacional
Petro ha invitado a equipos de abogados independientes a redactar una causa penal contra las multinacionales de la mafia para que sean juzgadas en un tribunal internacional. Además, insta a la comunidad internacional a fortalecer la Justicia Penal Internacional para juzgar los crímenes cometidos por las mafias contra el pueblo latinoamericano.
Implicaciones para la región
Este caso pone de relieve la compleja situación de la lucha contra la corrupción en Latinoamérica y las posibles implicaciones políticas de las investigaciones judiciales. La denuncia de Petro sobre la politización de la justicia en Guatemala genera interrogantes sobre la independencia judicial en la región y la necesidad de garantizar procesos justos y transparentes.