ONU exige respeto a inmunidad de Velásquez y Camargo en Guatemala
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha expresado formalmente su profunda preocupación por los recientes procesos judiciales en Guatemala que involucran a los exfuncionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los colombianos Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo. El secretario General de la ONU, António Guterres, ha insistido en el respeto a la inmunidad procesal de ambos, luego de que se emitieran órdenes de captura en su contra por parte del Ministerio Público guatemalteco.
¿Por qué la ONU defiende la inmunidad de Velásquez y Camargo?
Según el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, tanto Iván Velásquez, exministro de Defensa de Colombia y actual embajador ante el Vaticano, como Luz Adriana Camargo, actual fiscal General de Colombia, gozan de inmunidad procesal debido al trabajo que desempeñaron en la Cicig. Esta protección, basada en acuerdos suscritos entre la ONU y el gobierno guatemalteco, se mantiene vigente incluso después de que concluyeran sus funciones en la Comisión.
Las acusaciones contra los exfuncionarios de la Cicig
La orden de detención, emitida por la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco, acusa a Velásquez y Camargo de supuestas irregularidades en relación con el caso Odebrecht. El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por presunta corrupción, afirma que ambos favorecieron a la constructora brasileña, causando pérdidas al Estado guatemalteco por más de 3.000 millones de quetzales (unos 400 millones de dólares). Los delitos imputados incluyen asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión.
La Cicig, establecida en 2007 con el apoyo de la ONU, tenía como objetivo desmantelar estructuras criminales enquistadas en el Estado guatemalteco. Su labor fue fundamental para la lucha contra la corrupción, pero también generó controversias y fuertes críticas por parte de algunos sectores políticos y empresariales.
La exigencia de la ONU resalta la importancia de proteger a quienes trabajan en la lucha contra la impunidad y la corrupción, especialmente en contextos donde su labor puede generar retaliaciones y persecuciones judiciales.