ONU Defiende Inmunidad de Colombianos Velásquez y Camargo en Guatemala
Colaboradores
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha alzado su voz en defensa de dos ciudadanos colombianos, Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, exfuncionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), luego de que autoridades guatemaltecas emitieran órdenes de captura en su contra. El secretario General de la ONU, António Guterres, manifestó su profunda preocupación por los procesos judiciales iniciados contra ambos, enfatizando que gozan de inmunidad procesal.
Según el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, esta inmunidad se deriva de su trabajo en la Cicig y se mantiene vigente incluso después de haber concluido su labor en la Comisión en 2019, basándose en los acuerdos establecidos entre la ONU y el gobierno guatemalteco. La orden de detención, emitida por la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco, acusa a Velásquez, exministro de Defensa de Colombia y actual embajador ante el Vaticano, y a Camargo, fiscal General de Colombia, de presuntas irregularidades vinculadas al caso Odebrecht.
¿De qué se les acusa a Velásquez y Camargo?
El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, quien ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción, alega que Velásquez y Camargo favorecieron a la constructora brasileña Odebrecht, generando pérdidas al Estado guatemalteco por más de 3.000 millones de quetzales (aproximadamente 400 millones de dólares). Los delitos imputados incluyen asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión.
El rol de la Cicig en Guatemala
La Cicig, creada en 2007 con el respaldo de la ONU, jugó un papel crucial en el desmantelamiento de estructuras criminales arraigadas en el sistema guatemalteco. Sin embargo, su labor generó controversia y oposición por parte de algunos sectores. La exigencia de la ONU de respeto a la inmunidad de Velásquez y Camargo subraya la importancia de proteger a quienes luchan contra la impunidad y la corrupción, incluso después de haber concluido sus funciones oficiales. La situación sigue en desarrollo y se espera una respuesta oficial por parte del gobierno de Guatemala frente a las demandas de la ONU.