Escándalo en el Congreso: Acusaciones de compra de votos sacuden al Gobierno
La Corte Suprema de Justicia ha desatado una tormenta política en Colombia al concluir que existen pruebas suficientes para inferir que altos funcionarios del Gobierno habrían intentado comprar votos de congresistas en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público durante el año 2023. Entre los congresistas señalados se encuentran figuras como Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo.
Según la investigación, esta supuesta negociación criminal tenía como objetivo asegurar votos favorables para las necesidades de crédito del Gobierno. La Corte Suprema indica que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el viceministro Diego Guevara y María Alejandra Benavides estaban al tanto de esta operación. La urgencia del Gobierno por obtener la aprobación de cupos de endeudamiento vitales habría sido el detonante de este presunto intento de compra de votos.
Además, el exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, declaró ante la Corte Suprema de Justicia haber alertado al presidente Petro sobre posibles irregularidades y desvío de recursos dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) desde noviembre de 2023. Reyes afirmó que su advertencia no fue bien recibida por algunos funcionarios, incluyendo a la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, quien ahora está presa e imputada por la Fiscalía por su presunta participación en la trama de corrupción.
El magistrado Misael Rodríguez, de la Corte Suprema de Justicia, también compulsó copias a la Fiscalía para que investigue al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a diez exfuncionarios del actual gobierno por sus presuntos vínculos con el escándalo de la UNGRD. Olmedo López, exdirector de la UNGRD, declaró que Ricardo Bonilla ordenó agilizar la contratación para aliados del gobierno a cambio de votos para créditos de la Nación.
El expediente del caso UNGRD, que supera las 600 páginas, incluye testimonios de congresistas implicados como Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur y Karen Manrique, así como las declaraciones de Ricardo Bonilla y Diego Guevara. La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, declaró que existió una directriz para que los integrantes del gabinete “adoptaran” a un congresista para asegurar su voto a favor de los proyectos del Gobierno.
Implicaciones y Reacciones
Este escándalo ha generado fuertes reacciones en la opinión pública y en los diferentes sectores políticos. La oposición exige una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para los responsables. El Gobierno, por su parte, ha negado las acusaciones y ha manifestado su disposición a colaborar con la justicia para esclarecer los hechos.
Próximos Pasos
La Corte Suprema de Justicia continuará con la investigación para determinar la veracidad de las acusaciones y establecer las responsabilidades correspondientes. Se espera que en los próximos días se conozcan nuevas pruebas y testimonios que permitan esclarecer este delicado caso que sacude la política colombiana.