Procuraduría Cuestiona Condena a Uribe: ¿Persecución o Justicia?
La condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que lo sentenció a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, sigue generando controversia en Colombia. La Procuraduría General de la Nación, a través de un documento de 81 páginas, ha solicitado al Tribunal Superior de Bogotá que tumbe la condena, argumentando inconsistencias clave en el proceso judicial.
Argumentos de la Procuraduría
El procurador Bladimir Cuadro, en su análisis, señala que no se ha comprobado jurídicamente que Uribe haya instigado al abogado Diego Cadena para manipular testigos. Además, considera que la llamada telefónica entre Uribe y Cadena no puede ser considerada una prueba válida debido al secreto profesional que la ampara. La Procuraduría también desestima los testimonios de Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, calificándolos como una "cadena de desaciertos en la apreciación testimonial".
¿Qué sigue para el caso Uribe?
El futuro del expresidente está ahora en manos de tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, quienes deberán tomar una decisión en segunda instancia. El Consejo Superior de la Judicatura ha designado magistrados ad hoc para agilizar el proceso. La defensa de Uribe tiene hasta el 13 de agosto para sustentar su apelación. Un factor crucial es que el caso precluirá el 15 de octubre si el Tribunal no toma una decisión antes de esa fecha.
Habeas Corpus Negado y Trámites de Encarcelamiento
Paralelamente, un habeas corpus presentado por un abogado en Rionegro, Antioquia, buscando revocar la detención de Uribe, fue negado por falta de fundamento legal. El juez Tercero Penal de Rionegro ya notificó al INPEC sobre la boleta de encarcelamiento, y Uribe suscribió el acta de compromiso que le permite acceder a la prisión domiciliaria en su residencia. El expresidente ya cumplió con los trámites para cumplir la condena.
¿Prisión Perpetua?
Columnistas y analistas han expresado preocupación por la severidad de la pena, argumentando que 12 años de prisión, dada la edad de Uribe (73 años), equivaldrían a una cadena perpetua. Se cuestiona la solidez de las pruebas presentadas y se denuncia el uso de grabaciones ocultas y escuchas telefónicas durante la investigación.
Las marchas de apoyo a Uribe en varias ciudades del país reflejan la polarización que genera el caso. Mientras algunos celebran la condena como un acto de justicia, otros la ven como una persecución política y un atentado contra la oposición.