¡Escándalo en Perú! ¿Quiénes son los testaferros millonarios?
Empresa con Contratos Millonarios Vinculada a Personas Inesperadas
Un impactante reportaje ha sacudido los cimientos de la política y las finanzas en Perú. Una investigación periodística reveló que una empresa consultora y constructora, Consultoría y Construcción Grupo Pérgola SAC, rebautizada tras un cambio de directorio en 2022, manejó la asombrosa cifra de S/ 2.500 millones en contratos con el Estado. Lo que ha generado mayor controversia es la identidad de sus accionistas principales: una vendedora de desayunos y una ex barrendera municipal.
Las Inesperadas Socias
Beatriz Benique Quispe, una trabajadora que vende desayunos en Villa El Salvador, y Celeste Flores Carrillo, quien se desempeñaba como barrendera, figuran como las principales responsables de esta empresa que ha ganado licitaciones millonarias con el Estado. La pregunta que surge es obvia: ¿Cómo dos personas sin experiencia en el sector de la construcción ni en la gestión empresarial terminaron al frente de una compañía con semejante poder económico?
Posible Caso de Testaferros
El reportaje de Panorama plantea serias dudas sobre un posible caso de testaferrismo. Se investiga si estas mujeres fueron utilizadas para ocultar los verdaderos dueños de la empresa y facilitar la obtención de contratos públicos de manera irregular. La falta de experiencia y trayectoria en el sector de ambas accionistas alimenta estas sospechas.
Contratos con Instituciones Estatales
Después de su cambio societario en 2022, Consultoría y Construcción Grupo Pérgola SAC logró adjudicarse importantes contratos con diversas instituciones del Estado. Entre ellas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Salud (MINSA) y los gobiernos regionales de La Libertad y Huánuco. Se investiga si estos contratos fueron obtenidos de manera transparente y si existieron favores o influencias indebidas.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las licitaciones públicas, para evitar que personas sin escrúpulos se aprovechen de los recursos del Estado en beneficio propio.