El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ha anunciado que, si es electo, trasladará la capital del Perú de Lima a Junín. Según su declaración en un mitin en Huancayo, esta medida forma parte de su plan de gobierno y se fundamenta en la necesidad de descentralizar el poder y mejorar la atención a las regiones periféricas.
La propuesta de cambiar la capital, que según López Aliaga, podría impulsar el desarrollo de Junín y otras regiones centrales, implica una reforma constitucional. En el artículo 49 de la Constitución Política del Perú, se establece que la capital es Lima. Por lo tanto, cualquier modificación requeriría un proceso legal y una consulta popular, lo que genera dudas sobre su viabilidad y el impacto en la administración nacional.
En su discurso en Huancayo, López Aliaga argumentó que el cambio de capital permitiría que los líderes gubernamentales y los congresistas comprendan mejor la realidad de las regiones rurales y de las poblaciones marginadas. «Ese Estado que tiene más de 18 ministerios va a bajar a 6 ministerios, nada más», explicó, señalando la necesidad de reducir el gasto público y la burocracia.
López Aliaga también acusó a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, de haber dejado a la población de Junín con «anemia» por su gestión, comparando su presidencia con un «delincuente que entra en política para llenarse los bolsillos». Sin embargo, el anuncio ha generado controversia en el ámbito académico y político por su falta de claridad sobre los beneficios específicos para Junín y otras regiones.
El movimiento propuesto por López Aliaga no solo afecta a la estructura política del país, sino que también plantea desafíos en términos de recursos y logística. La capitalización de una región que actualmente tiene menos infraestructura y menos recursos que Lima podría requerir una inversión significativa, lo que genera preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para cumplir con las promesas.
Por otro lado, analistas políticos destacan que el cambio de capital podría ser una estrategia para mejorar la representación regional y fomentar el desarrollo de áreas históricamente marginadas. Sin embargo, también hay críticos que señalan que la implementación de una nueva capital podría desencadenar conflictos en la administración de recursos y en la gestión de la economía nacional.