El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) confirmó el 2 de marzo de 2026 una emergencia en el ducto de Camisea, ubicado en el kilómetro 43 del distrito de Megantoni, provincia de La Convención, en Cusco. Esta situación, causada por una deflagración con llamarada visible a varios kilómetros, ha generado una crisis energética a nivel nacional. Según datos oficiales, el precio de la electricidad en el mercado ha saltado de un rango habitual de 30 a 40 dólares por megavatio hora (MWh) a superar los 200 dólares por MWh. El incidente ha provocado la detención de casi todas las plantas de generación eléctrica a gas en Lima y su región, afectando a millones de usuarios.

La situación comenzó el domingo 1 de marzo cuando se detectó una fuga de gas natural en el sistema de transporte de líquidos de gas natural (NGL) del proyecto Camisea. Este proyecto, operado por el Grupo Camisea, es uno de los más grandes en el país y contribuye significativamente al suministro energético nacional. La deflagración provocó una liberación masiva de gas, lo que generó una respuesta inmediata por parte de las autoridades. Según el informe del MINEM, el incidente activó un protocolo de emergencia nacional para garantizar el abastecimiento energético.

El Ministerio de Energía y Minas declaró un estado de emergencia hasta el 14 de marzo, con el objetivo de implementar medidas extraordinarias para asegurar la continuidad del abastecimiento energético. Durante este periodo, se priorizarán los hogares y comercios, mientras que las industrias y empresas con mayor demanda energética recibirán apoyo especializado. El plan de contingencia incluye el despliegue de equipos de emergencia, monitoreo continuo y la activación de alternativas de energía para minimizar el impacto en la población.

El incidente en el ducto de Camisea representa una de las mayores crisis energéticas en Perú en los últimos años. La afectación en el área de Lima y su región es particularmente crítica, ya que la mayor parte de la electricidad en el país proviene de plantas a gas. El precio de la electricidad ha aumentado de manera exponencial, lo que impacta directamente en el presupuesto familiar y el costo operativo de las empresas.

La respuesta del gobierno incluye el uso de alternativas energéticas, como la energía solar y eólica, para mitigar el impacto de la fuga. Además, se están activando planes de contingencia en las zonas afectadas, incluyendo la activación de reservas de energía almacenada y el apoyo a la producción local. La situación ha generado un debate sobre la dependencia del gas natural en el país y la necesidad de diversificar las fuentes de energía.

El incidente también ha puesto de manifiesto los desafíos en la gestión de infraestructura crítica. La fuga en el ducto de Camisea, aunque pequeña, representa un riesgo significativo para el sistema nacional de energía. Los expertos destacan que la falta de medidas previas adecuadas y la complejidad de los sistemas