El gobierno uruguayo, liderado por el Presidente Yamandú Orsi, anunció la rescisión del contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV) adquiridas por la administración anterior. La decisión se tomó tras fuertes indicios de "estafa o fraude al Estado uruguayo", según declaró el mandatario.
En una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, el Secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el Prosecretario, Jorge Díaz, detallaron las irregularidades detectadas. Díaz señaló que Cardama incumplió los plazos de garantía de fiel cumplimiento, extendiendo los 45 días estipulados a 11 meses. Además, la empresa intentó validar la garantía en siete ocasiones, siendo rechazada en todas ellas.
Otro punto que generó sospechas es la contratación de un estudio jurídico, aparentemente Delpiazzo, en lugar de un corredor de seguros por parte del Ministerio de Defensa de la administración anterior. Si bien no hay registros formales de esta actividad en el expediente de Cardama, se encontraron correos electrónicos que vinculan al estudio con Cardama y el Ministerio.
El Prosecretario Díaz también reveló que la garantía de Cardama, que debía durar 42 meses, apenas alcanzó un año y no fue renovada a tiempo. Además, durante 2023 y 2024, la empresa apenas tuvo un empleado y su actividad financiera fue prácticamente nula, lo que refuerza las sospechas sobre su verdadera capacidad para cumplir con el contrato.
La Armada Nacional también habría expresado preocupaciones sobre la seguridad de las patrullas oceánicas construidas por Cardama, según declaraciones del diputado Lazo. Esta situación agrava aún más la controversia en torno a la contratación del astillero español.
El gobierno uruguayo ejecutó una garantía del 5% del monto total del contrato y se reserva el derecho de iniciar acciones legales para recuperar los fondos invertidos y resarcir los daños causados por el presunto fraude.
Próximos pasos
Se espera que el gobierno profundice la investigación para determinar el alcance total del presunto fraude y las responsabilidades de los involucrados. La rescisión del contrato con Cardama plantea interrogantes sobre el futuro de la vigilancia marítima uruguaya y la necesidad de revisar los procesos de contratación pública para evitar situaciones similares en el futuro.