El gobierno uruguayo ha presentado una denuncia penal y una demanda civil contra el astillero español Cardama Shipyard por presunto fraude en el proceso de compra y construcción de dos patrullas oceánicas (OPV). La decisión se tomó tras detectar irregularidades en la garantía presentada por la empresa.
Irregularidades en la garantía y rescisión del contrato
El presidente Yamandú Orsi anunció la rescisión del contrato con Cardama, alegando que se encontraron irregularidades tanto en el proceso de licitación como en la garantía utilizada para legitimar el negocio ante el Estado uruguayo. Orsi sospecha de una "estafa o fraude" contra el Estado, ocurrido durante la gestión del expresidente Luis Lacalle Pou.
Mario Cardama, dueño del astillero, se defendió en diálogo con El País, afirmando que está cumpliendo con el contrato y cuestionando la falta de comunicación del gobierno uruguayo sobre cualquier incumplimiento o irregularidad. Cardama afirma haber sido engañado también por Eurocommerce, la empresa que debía brindar la garantía.
Un proceso plagado de controversias
La compra de los buques OPV estuvo marcada por la polémica desde el inicio. La licitación original atrajo el interés de empresas de China, Francia, España, Alemania e Israel. Inicialmente, se esperaba que la empresa China Shipbuilding Trading Co. fuera la adjudicataria, pero presiones del gobierno de Estados Unidos llevaron a desechar la propuesta.
Finalmente, el Ministerio de Defensa Nacional, bajo el mando de Javier García, eligió a Cardama, un astillero español sin experiencia en la construcción de este tipo de buques. Según informes, Cardama había quedado en el último lugar entre las empresas participantes en la licitación.
- Denuncia penal y demanda civil contra Cardama Shipyard.
- Rescisión del contrato por irregularidades en la garantía.
- Sospecha de fraude al Estado durante la gestión anterior.
- Licitación original influenciada por presiones externas.
El caso sigue en desarrollo y promete generar debate en los próximos días.