El caso del astillero español Cardama Shipyard y la fallida compra de dos buques patrulleros oceánicos (OPV) sacude Uruguay. El gobierno actual, liderado por Yamandú Orsi, anunció la rescisión del contrato con el astillero y presentó una denuncia penal por posible fraude o estafa al Estado, alegando irregularidades en la garantía presentada por la empresa.
La Defensa de Cardama
Mario Cardama, dueño del astillero, se defiende y denuncia haber sido engañado. En declaraciones a El País, Cardama afirma estar cumpliendo con el contrato, ya que la construcción del barco sigue en curso. Cuestiona la falta de comunicación del gobierno uruguayo sobre los supuestos incumplimientos de la garantía.
Cardama alega haber intentado contactar a la Ministra de Defensa, Sandra Lazo, sin éxito. Según sus declaraciones, la comunicación se limitó a dos o tres correos electrónicos de respuesta de los más de 50 o 60 enviados. Además, afirma haber exigido explicaciones a Eurocommerce, la empresa que proporcionó la garantía, por no haberle notificado cambios en su situación.
¿Montaje Político?
Por su parte, Álvaro Delgado, figura de la oposición, califica la rescisión del contrato como un "montaje político" y exige al gobierno rectificarse. Esta declaración añade una capa de complejidad al caso, sugiriendo motivaciones políticas detrás de la denuncia.
Un Proceso Controvertido
La compra de los buques OPV ha estado rodeada de controversia desde el inicio. La licitación original, que favorecía a una empresa china, fue descartada por presiones de Estados Unidos, lo que llevó a un nuevo llamado. Finalmente, el Ministerio de Defensa Nacional, bajo la dirección de Javier García, seleccionó a Cardama, un astillero sin experiencia previa en la construcción de este tipo de buques.
Próximos Pasos
- Investigación penal por presunto fraude o estafa al Estado.
- Demanda civil contra Cardama Shipyard.
- Debate político sobre la transparencia y legalidad del proceso de licitación.
El caso Cardama plantea interrogantes sobre la gestión de contratos estatales y la influencia de factores políticos y externos en las decisiones gubernamentales. El desarrollo de la investigación judicial será crucial para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.