Contraloría exige inventario de bienes públicos para mayor transparencia

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La Contraloría General de la República Dominicana ha emitido una directiva crucial para fortalecer la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. A través de la circular IN-CGR-CIR-2025-0007, se instruye a todas las instituciones públicas a realizar un Inventario General de Bienes de Cambio o de Consumo con fecha límite al 30 de junio de 2025.

El objetivo principal de esta medida es garantizar un manejo responsable de bienes esenciales como medicamentos, alimentos crudos, materiales de oficina y suministros médicos. Este inventario exhaustivo permitirá un control más preciso de los recursos del Estado, minimizando el riesgo de desvíos y promoviendo una cultura de rendición de cuentas.

Declaraciones del Contralor General

Félix Santana García, Contralor General de la República, enfatizó que esta iniciativa se alinea con el marco legal vigente y responde a las expectativas ciudadanas de una gestión pública transparente y efectiva. Destacó que la medida está en sintonía con las políticas de transparencia promovidas por el Presidente Luis Rodolfo Abinader Corona.

Según la Resolución núm. IN-CGR-RES-2023-0008, las instituciones del Gobierno Central, entidades descentralizadas y autónomas, organismos públicos de la seguridad social y empresas públicas con participación estatal, deberán realizar inventarios físicos periódicos de los bienes de cambio o consumo en sus almacenes. Estas auditorías serán supervisadas por las Unidades de Auditoría Interna (UAI) de la Contraloría General de la República.

Beneficios del Inventario General

  • Fortalecimiento de la gestión pública.
  • Consolidación de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
  • Verificación precisa de los recursos del Estado.
  • Reducción de riesgos de desvíos hacia actividades privadas.
  • Promoción de una cultura de rendición de cuentas efectiva y transparente.

El Contralor Santana García aseguró que los auditores validarán la exactitud de la toma física de los inventarios, contribuyendo así a un control más riguroso y transparente de los bienes públicos.

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