Amnistía Internacional: Desapariciones Forzadas en Venezuela Son Crímenes de Lesa Humanidad
Amnistía Internacional ha denunciado un preocupante aumento de las desapariciones forzadas en Venezuela, calificándolas como una política de Estado destinada a reprimir la disidencia tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
En su informe titulado "Detenciones sin rastro, el crimen de desaparición forzada en Venezuela", la organización afirma que esta práctica sistemática y generalizada constituye un crimen de lesa humanidad, dadas las características y la forma en que se están llevando a cabo.
Desapariciones Forzadas: Una Política de Represión Estatal
El análisis de Amnistía Internacional se basa en 15 casos de desapariciones forzadas ocurridas entre julio de 2024 y junio de 2025. Durante este período, se observó una intensificación de la represión estatal tras las controvertidas elecciones que dieron continuidad al mandato de Nicolás Maduro.
“Las autoridades venezolanas han cometido, y siguen cometiendo, desapariciones forzadas como parte de su política de represión a la disidencia y a quienes perciben como tales”, denuncia la organización.
Según el informe, estas desapariciones, junto con detenciones arbitrarias, torturas y otras formas de persecución, forman parte de una estrategia más amplia y planificada para castigar a opositores políticos, activistas, periodistas y cualquier persona percibida como crítica al gobierno.
Un Patrón Sistemático y Generalizado
La investigación de Amnistía Internacional revela que la práctica de la desaparición forzada en Venezuela cumple con los criterios establecidos por el derecho internacional para ser considerada un crimen de lesa humanidad. La organización destaca la participación activa de organismos del Estado como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) en estas prácticas.
Amnistía Internacional subraya que se trata de “una línea de conducta organizada, con un patrón regular, basada en una política común y que involucra recursos públicos y privados significativos”. La organización insta a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes para abordar esta grave situación y garantizar la rendición de cuentas por estos crímenes.