¡Escándalo Judicial! Estado deberá pagarle a la Fiscal Anticorrupción Goyeneche

Golpe para el Estado: Deberá pagarle a la Fiscal Goyeneche

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ordenado que el Estado provincial asuma los costos del proceso judicial contra Cecilia Goyeneche, la exprocuradora adjunta y fiscal anticorrupción que fue destituida de manera irregular en 2022. Esta decisión marca un nuevo capítulo en un caso que ha generado controversia y debate en el ámbito judicial y político.

La resolución de la Corte obliga al Estado a pagar las costas judiciales, que incluyen las tasas judiciales, los costos de notificación y otros desembolsos relacionados con el proceso, así como los honorarios de los abogados de Goyeneche. Si bien los montos exactos aún no se han definido, esta decisión representa una victoria para la exfuncionaria judicial.

Este fallo se produce en el marco del proceso que anuló la remoción de Goyeneche, quien lideró investigaciones contra el ex gobernador Sergio Urribarri, condenado en 2022. En diciembre de 2024, la Corte ya había fallado a favor de Goyeneche, declarando la nulidad de la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento provincial que la removió de su cargo. Sin embargo, la cuestión de las costas no se había resuelto hasta ahora.

La Corte Suprema, en su resolución firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, recordó que el principio general establece que las costas se imponen a la parte vencida, salvo que existan razones suficientes para apartarse de esa regla. En este caso, el tribunal consideró que no existían tales razones, por lo que el Estado entrerriano deberá asumir todos los gastos del largo proceso.

De esta manera, los abogados que representaron a Goyeneche, Alberto B. Bianchi, Lino B. Galarce y Santiago M. Castro Videla, se verán beneficiados por esta decisión. Además, se ordenó la devolución del depósito judicial dispuesto en la sentencia de diciembre pasado.

Este caso pone de manifiesto la importancia de garantizar la independencia judicial y la protección de los funcionarios que investigan casos de corrupción. La decisión de la Corte Suprema sienta un precedente importante en la defensa de los derechos de los funcionarios públicos y la lucha contra la impunidad.