El gobierno argentino ha endurecido el control sobre los planes de retiros voluntarios en la administración pública, exigiendo ahora un "doble aval" para su implementación. Esta nueva medida, formalizada a través de la Resolución 50/2025 publicada en el Boletín Oficial, implica la intervención obligatoria y favorable de la Subsecretaría de Presupuesto, liderada por Luis Caputo, y la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, a cargo de Federico Sturzenegger.
¿Por qué este cambio?
Según fuentes del Ministerio de Transformación del Estado, la decisión responde al impacto presupuestario que generan todos los programas de retiro voluntario, tanto en términos de costos presentes como de ahorros futuros. Se busca una coordinación más estrecha entre las áreas de Hacienda y Transformación del Estado para asegurar que estos planes se alineen con las políticas de empleo público.
El Nuevo Proceso de Aprobación
- Doble Aval: Requiere la aprobación tanto de la Subsecretaría de Presupuesto como de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.
- Impacto Presupuestario: Se evaluará el impacto económico de cada plan de retiro voluntario.
- Coordinación Interministerial: Busca una mayor coordinación entre las áreas de Hacienda y Transformación del Estado.
Esta medida se produce en un contexto de incertidumbre sobre el cumplimiento de la meta de superávit fiscal del 1,3% del PBI acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La reciente reversión de la medida de retenciones cero, debido a su alto costo, ha generado dudas sobre la capacidad del gobierno para alcanzar sus objetivos fiscales.
En la práctica, funcionarios como Rodrigo Cabado y María Rosana Reggi, subsecretarios de Presupuesto y de Desarrollo y Modernización del Empleo Público respectivamente, tendrán la potestad de aprobar o rechazar los planes de retiro voluntario que se presenten. Esto les otorga un poder significativo sobre la gestión de personal en el sector público.
El gobierno justifica esta medida como parte de una política de "simplificación y reducción del Estado", buscando una mayor eficiencia y un menor gasto público. Sin embargo, la implementación de estos controles más estrictos podría generar tensiones con los empleados públicos y dificultar la reducción de la planta estatal.