La tensión social en Argentina se intensifica tras la decisión del gobierno de Javier Milei de suspender las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario. Esta medida, tomada a pesar del rechazo del Congreso a los DNU que buscaban impedir su aplicación, ha provocado una ola de protestas y movilizaciones en todo el país.
Organizaciones sociales, gremios y defensores de la educación y la salud pública se movilizaron a Plaza de Mayo.
Los manifestantes expresaron su enérgico repudio a las políticas implementadas por el presidente, denunciando la crueldad y el desinterés del Ejecutivo hacia sectores vulnerables de la sociedad. La comunidad universitaria, los trabajadores de la salud y las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad han retomado los paros y el cese de actividades en todo el país, exigiendo la inmediata implementación de las leyes suspendidas.
El caso del Garrahan: un símbolo de la lucha
El Hospital Garrahan, centro de referencia pediátrica de alta complejidad, se ha convertido en un símbolo de esta lucha. Profesionales y familias de pacientes denuncian el ajuste presupuestario que pone en riesgo la atención médica y la calidad de vida de los niños. La suspensión de la Ley de Emergencia Pediátrica agrava aún más la situación, generando incertidumbre y preocupación en la comunidad hospitalaria.
Luciana Corasaniti, madre de una niña con una enfermedad rara atendida en el Garrahan, expresó su indignación ante la decisión del gobierno. “Estamos poniendo todo lo que tenemos de nuestra energía, nuestros conocimientos, nuestro tiempo que tendríamos que estar dedicando a trabajar, a cuidar a nuestros hijos con sus múltiples dificultades, y sin embargo elegimos estar codo a codo con los trabajadores, defendiendo este hospital”, afirmó.
Denuncia penal y pedidos de juicio político
Ante la gravedad de la situación, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan prepara una denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público contra Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Salud, Mario Lugones, por firmar el decreto que suspende la aplicación de la ley. Además, se han sumado pedidos de juicio político contra el presidente.
La suspensión de las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario ha desatado una ola de indignación y movilización social en Argentina. La lucha por la defensa de la salud y la educación pública continúa, con la esperanza de que el gobierno escuche el reclamo de la sociedad y revierta estas medidas que perjudican a los sectores más vulnerables.