El intendente de La Plata, Julio Alak, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica. Tras ser sancionado por irregularidades administrativas, ahora enfrenta un pedido de informe en el Concejo Deliberante por la adquisición de tres vehículos destinados al control del Estacionamiento Medido, conocidos popularmente como "cazainfractores".
La adquisición de estos vehículos ha generado controversia debido a los gastos que implica, especialmente en un contexto económico nacional marcado por la caída en la capacidad instalada de la industria metalúrgica argentina. Según informes recientes, la utilización de la capacidad instalada ha alcanzado su punto más bajo desde la pandemia, afectando especialmente a la provincia de Buenos Aires.
La situación se agrava con la apertura de importaciones, la escasez de crédito y la fuerte competencia de países como China y Brasil, que han dejado a la industria local un 30% por debajo de su pico histórico. En este contexto, la inversión en vehículos "cazainfractores" genera interrogantes sobre las prioridades de la gestión municipal.
El Concejo Deliberante exige a Alak explicaciones detalladas sobre el proceso de adquisición, los costos involucrados y la justificación de la necesidad de estos vehículos en un momento de crisis económica. Se espera que el intendente responda a estas inquietudes en los próximos días, brindando claridad sobre el destino de los recursos públicos.
Impacto en la Industria Metalúrgica
La crisis en la industria metalúrgica argentina, exacerbada por la competencia extranjera y la falta de políticas de apoyo, plantea un desafío adicional para la gestión municipal. La adquisición de bienes importados, como los vehículos "cazainfractores", podría interpretarse como una falta de respaldo a la producción nacional y un agravamiento de la situación para las empresas locales.
Próximos Pasos
El Concejo Deliberante analizará las respuestas de Alak y determinará si existen irregularidades que ameriten una investigación más profunda. La ciudadanía espera transparencia y rendición de cuentas por parte de sus representantes, especialmente en el manejo de los recursos públicos.