El reciente anuncio de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sobre la actualización del nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad ha generado una ola de críticas y protestas. El incremento, que oscila entre el 29% y el 35%, ha sido calificado de insuficiente y hasta ilegal por diversas organizaciones del sector.
Aumento que Incumple la Ley de Emergencia
La ley de Emergencia establecía un aumento mínimo del 70% para los prestadores de servicios de discapacidad. El anuncio de la ANDIS, con porcentajes que no alcanzan ni la mitad de lo estipulado, ha sido interpretado como un claro incumplimiento de la normativa vigente. La actriz Vanina Bassi, reconocida activista por los derechos de las personas con discapacidad, calificó la situación como "repugnante".
Reacciones del Colectivo de la Discapacidad
Organizaciones del sector se movilizaron frente a la Casa Rosada para expresar su descontento y exigir el cumplimiento de la ley. Denuncian que el aumento llega con un año de retraso y no compensa la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los prestadores debido a la inflación. Advierten sobre el riesgo de quiebra de muchas instituciones y la consecuente interrupción de servicios esenciales para las personas con discapacidad.
Sospechas de Corrupción en la ANDIS
Además de la controversia por el aumento insuficiente, sobrevuelan sospechas de corrupción que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Audios filtrados del exdirector Diego Spagnuolo denuncian un presunto esquema de sobornos en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Según estas denuncias, Karina Milei recibiría comisiones a través de una droguería, aunque no ha sido formalmente imputada.
Implicaciones del Escándalo
- Desvío de fondos destinados a personas con discapacidad.
- Posible conflicto de intereses y tráfico de influencias.
- Deterioro de la imagen pública de la ANDIS y del gobierno.
La situación es alarmante. El colectivo de la discapacidad se siente abandonado por el Estado y exige soluciones urgentes. La falta de cumplimiento de la ley, sumado a las denuncias de corrupción, generan un clima de incertidumbre y desconfianza que amenaza la calidad de vida de las personas con discapacidad y el funcionamiento de las instituciones que los asisten.