Tucumán: Indagan posible instigación al suicidio de Karla Robles
La trágica muerte de Karla Robles, una joven de 27 años, ha conmocionado a Tucumán. Karla se quitó la vida el pasado 24 de octubre, y ahora la justicia investiga si su ex novio incurrió en violencia de género e instigación al suicidio. La joven había denunciado a su ex pareja, Diego Z., en seis ocasiones por amenazas y hostigamiento.
Según Augusto Avellaneda, abogado de la familia Robles, Karla vivía un calvario constante. “Recibía amenazas constantes de su expareja”, afirmó. El hombre, según la denuncia, la obligó a eliminar una fotografía y la amenazó de muerte a ella y a su familia. “Le dijo que si no se quitaba la vida, iba a matar a su mamá, a su papá y a toda su familia”, detalló el abogado al Canal 10 de Tucumán.
Karla, que trabajaba en el mundo de la estética y aspiraba a ser fonoaudióloga, veía su vida truncada por el acoso. Su familia responsabiliza directamente a su ex pareja por crear un contexto insostenible que la llevó a tomar la fatal decisión.
Denuncias previas ignoradas
El abogado Avellaneda reveló que las denuncias contra Diego Z. comenzaron hace tres años. En ese momento, representó a Karla ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género N.º 1. “Solicitamos muchas medidas, inclusive la detención” porque consideraban que la vida de Karla corría un riesgo latente. Sin embargo, la Justicia solo dictó una restricción de acercamiento, medida que evidentemente no fue suficiente para proteger a la joven.
“Sabíamos que era una persona peligrosa que hostigaba constantemente a mi clienta”, lamentó Avellaneda. Tras el suicidio de Karla, la Fiscalía actuó con mayor celeridad, ordenando medidas de urgencia. El teléfono celular de la víctima fue entregado a las autoridades para analizar los mensajes y amenazas recibidas.
La investigación continúa, buscando esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Karla Robles y determinar la responsabilidad de su ex pareja en este trágico desenlace. Este caso pone de manifiesto la necesidad de una mayor protección para las víctimas de violencia de género y una respuesta más efectiva por parte de la justicia.