Un escándalo sacude la Provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof y el titular del IOMA, Homero Giles, enfrentan una grave denuncia penal por presunto desvío de fondos millonarios destinados a la salud pública. La acusación, presentada por el abogado Marcelo Mazzeo, los señala por administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
Según la denuncia, el IOMA, cuyo presupuesto anual supera los 188 mil millones de pesos, habría sido “capturado políticamente” y transformado en una “caja partidaria”, desviando recursos esenciales para la atención médica de sus afiliados. Esto, según el denunciante, ha provocado un colapso sanitario y un desfinanciamiento del sistema, afectando directamente la calidad de la atención que reciben los bonaerenses.
Colapso Sanitario y Deudas Millonarias
La denuncia apunta a una “violación sistemática del derecho a la salud” debido a la crisis estructural del sistema prestacional. Se destacan la falta de pago a entidades médicas clave como FEMEBA, FENECON y FREMEBO, así como la demora en el pago de honorarios profesionales. Más grave aún, se menciona la suspensión de tratamientos oncológicos, la postergación de la colocación de prótesis y la interrupción en la entrega de medicamentos, poniendo en riesgo la salud y la vida de los pacientes.
La situación se agrava con las deudas que el IOMA mantiene con instituciones de salud. Manuel Adorni expuso públicamente la deuda con el Hospital Garrahan, que asciende a $5.500.000.000, y con los hospitales SAMIC, que alcanzan la alarmante cifra de $425.000.000.000. Estas deudas ponen en jaque la sostenibilidad del sistema de salud y generan incertidumbre entre los prestadores, que ven comprometida su capacidad para brindar servicios.
¿Qué Implicaciones Tiene Este Escándalo?
Este escándalo pone en tela de juicio la gestión de Axel Kicillof y su equipo al frente de la provincia. La denuncia por desvío de fondos en el IOMA, de ser comprobada, podría tener graves consecuencias legales y políticas para el gobernador y otros funcionarios involucrados. Además, genera una profunda desconfianza en el sistema de salud pública y plantea interrogantes sobre el destino de los recursos destinados a garantizar el bienestar de los ciudadanos.
La Justicia Federal deberá investigar a fondo las acusaciones y determinar si existieron irregularidades en el manejo de los fondos del IOMA. Mientras tanto, la población bonaerense observa con preocupación el desarrollo de este escándalo, que amenaza con agravar aún más la crisis del sistema de salud y poner en riesgo su derecho a una atención médica digna y oportuna.