La confirmación de la condena contra Julio De Vido por la tragedia de Once ha reavivado el debate sobre la justicia y la posible persecución política en Argentina. La Corte Suprema ratificó la pena de cuatro años de prisión para el ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, un fallo que lo obliga a presentarse ante la justicia para su detención.
Un Fallo Controvertido
La decisión de la Corte, integrada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se basó en el rechazo de los recursos presentados por la defensa de De Vido, que buscaba reducir la condena por administración fraudulenta en la causa de la tragedia de Once. Este hecho, ocurrido el 22 de febrero de 2012, cobró la vida de 52 personas y dejó cientos de heridos.
Además de la pena de prisión, De Vido fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos y deberá afrontar las costas del proceso judicial.
¿Justicia o Lawfare?
Si bien la tragedia de Once es innegable, la celeridad y la contundencia con la que se ha actuado en este caso, comparado con otros, levantan suspicacias. Algunos sectores denuncian una posible persecución judicial, también conocida como "lawfare", contra ex funcionarios del gobierno kirchnerista. Argumentan que la exposición mediática del caso y la inhabilitación perpetua son medidas desproporcionadas.
Causas Pendientes y un Futuro Incierto
Además de esta condena, De Vido enfrenta otros procesos judiciales, incluyendo las causas de los Trenes Chatarra, la Importación Irregular de buques con GNL y el caso de los Cuadernos de las Coimas. Estas causas podrían llevarlo a pasar el resto de su vida en prisión domiciliaria.
La situación judicial de De Vido ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos celebran el fallo como un acto de justicia, otros lo critican como una muestra de persecución política. El debate sobre la imparcialidad del sistema judicial argentino y el papel de los medios de comunicación en estos casos sigue abierto.
La condena de Julio De Vido, sumada a las acusaciones de corrupción que involucran a figuras cercanas al gobierno actual, como Karina Milei en el escándalo de ANDIS, plantea interrogantes sobre la transparencia y la equidad en la aplicación de la justicia en Argentina. La sociedad exige respuestas claras y procesos judiciales imparciales que garanticen la verdad y la justicia para todos.