Julio De Vido, ex Ministro de Planificación, vuelve al centro de la polémica. Condenado por la tragedia de Once y acusado en el caso de los Cuadernos de las Coimas, su figura genera controversia y debate en la sociedad argentina.
De Vido: Entre la Cárcel y las Acusaciones de Corrupción
Desde 2017, De Vido cumple prisión preventiva, inicialmente por la Tragedia de Once, donde 51 personas perdieron la vida. Ahora, enfrenta nuevas acusaciones en el juicio oral de los Cuadernos de las Coimas, donde se le imputa liderar una asociación ilícita dedicada a la recaudación de sobornos en obra pública. La revista NOTICIAS ya había investigado a De Vido y su equipo en 2007, revelando un esquema de fondos ilegales en la obra pública.
La Tragedia de Once y el Pedido de Prisión Domiciliaria
Tras ser detenido, la Justicia comenzó a tramitar el pedido de prisión domiciliaria solicitado por De Vido, argumentando su edad (75 años) y problemas de salud como hipertensión arterial, asma e insulinodependencia. El Tribunal Oral Federal 4 ordenó al Cuerpo Médico Forense evaluar su estado de salud y a la Dirección del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica analizar la idoneidad de su chacra en Zárate para el arresto domiciliario.
Críticas al Proceso Judicial
El caso de Julio De Vido no está exento de controversia. Sectores políticos y juristas han expresado críticas al proceso judicial, planteando dudas sobre la imparcialidad y la existencia de lawfare, es decir, persecución judicial y mediática. Se argumenta la falta de pruebas directas y la desproporcionalidad de las penas impuestas. La causa Vialidad, que involucra a Cristina Fernández de Kirchner, también ha sido objeto de críticas similares, con señalamientos de irregularidades y violaciones de garantías constitucionales básicas.
¿Justicia o Persecución? Un Debate Abierto
El caso de Julio De Vido sigue generando debate en la sociedad argentina. Mientras algunos lo ven como un ejemplo de la lucha contra la corrupción, otros lo consideran víctima de una persecución política y judicial. La resolución final de su situación legal y la evaluación de las acusaciones en su contra serán cruciales para determinar si se ha hecho justicia o si, por el contrario, se han vulnerado sus derechos fundamentales.