¡AySA al límite! ¿Privatización y corte de agua potable? ¿Qué está pasando?

¡AySA al límite! ¿Privatización y corte de agua potable? ¿Qué está pasando?

El Gobierno nacional ha puesto en marcha un proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) que genera gran controversia. Una de las medidas más polémicas es la autorización para cortar el suministro de agua potable por falta de pago, una decisión que ha levantado fuertes críticas y denuncias por vulneración de derechos.

Corte de Suministro: ¿Un retroceso a los '90?

Según el nuevo decreto, AySA podrá cortar el agua a usuarios residenciales con una mora mínima de 60 días y a no residenciales con solo 15 días de atraso en el pago. Esta medida, que entraría en vigor tras el segundo vencimiento impago, recuerda a la época de Aguas Argentinas, cuando también se cortaron servicios esenciales.

Derecho Humano vs. Realidad

La situación se agrava al considerar que la Ley N° 26/221, que dio origen a AySA, define el acceso al agua como un derecho humano. Mantener este preámbulo mientras se permite el corte del suministro genera una contradicción flagrante, según denuncian desde la Sindicatura de Usuarios.

Impacto Ambiental y Social

La Sindicatura de Usuarios advierte que, si AySA corta el suministro de agua a un usuario con servicio de cloacas, indirectamente se cortarán ambos servicios, generando un grave perjuicio al medio ambiente. Esto agrava aún más la situación, sumando un problema ambiental a la ya delicada situación social.

Antecedentes Peligrosos

Pedro Bussetti, referente en la defensa de los derechos de los usuarios, recuerda la privatización de Obras Sanitarias de la Nación en los años 90 y la creación de Aguas Argentinas, una etapa marcada por cortes de suministro y deficiencias en el servicio. ¿Se repite la historia?

  • ¿Qué implicaciones tendrá esta medida para los usuarios más vulnerables?
  • ¿Cómo afectará al medio ambiente el corte del servicio de cloacas?
  • ¿Es este el camino para mejorar la eficiencia de AySA?

La polémica está instalada y el debate sobre el futuro de AySA y el acceso al agua potable como derecho fundamental sigue abierto.