La reciente designación de Alejandra Monteoliva como Ministra de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich ha generado interrogantes sobre la continuidad de las políticas implementadas hasta el momento. Si bien se trata de un nuevo rostro al frente del ministerio, la agenda del gobierno de Javier Milei parece indicar una continuidad en la línea represiva que caracterizó la gestión anterior.
El Presidente formalizó la salida de Bullrich a través del Decreto 851/2025, publicado en el Boletín Oficial, marcando así el inicio de una nueva etapa en el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, las expectativas de un cambio sustancial parecen desvanecerse ante la intención manifiesta de Monteoliva de seguir los lineamientos establecidos por su predecesora.
¿Qué esperar de la nueva gestión en Seguridad?
La continuidad de la política represiva plantea serias preocupaciones en diversos sectores de la sociedad, especialmente en aquellos que defienden los derechos humanos y las libertades civiles. Se teme un recrudecimiento de la violencia institucional y una mayor criminalización de la protesta social.
Es fundamental que la nueva Ministra de Seguridad demuestre un compromiso real con el respeto a los derechos humanos y que implemente políticas que promuevan la seguridad ciudadana sin recurrir a la represión indiscriminada. La sociedad argentina necesita un Ministerio de Seguridad que garantice la paz y la justicia, no que fomente la violencia y la confrontación.
Posibles implicaciones de la continuidad represiva
- Aumento de la conflictividad social.
- Deterioro de la imagen internacional del país.
- Mayor polarización política.
- Vulneración de derechos fundamentales.
La designación de Monteoliva representa un desafío para el gobierno de Milei, que deberá demostrar si está dispuesto a escuchar las demandas de la sociedad y a construir un país más justo y equitativo. La seguridad no puede ser sinónimo de represión, sino de diálogo, inclusión y respeto a la ley.