En los últimos dos semanas, el gobierno de Camboya ha lanzado una operación masiva para desactivar más de 40 centros de fraude en línea, lo que ha generado una crisis humanitaria en las áreas afectadas. Según datos de la Policía Nacional de Camboya y el Ministerio de Justicia, en el contexto de un aumento significativo en el número de víctimas por estafas electrónicas, se han detenido 284 personas relacionadas con redes de fraude. Este movimiento, considerado uno de los más ambiciosos en la región, ha tenido consecuencias inesperadas en la población, especialmente en zonas rurales y marginadas.
El presidente de la Comisión para la Lucha contra Delitos Tecnológicos (CCTC), Chhay Sinarith, ha explicado que el objetivo principal de la campaña es eliminar el impacto de las estafas en línea, que han alcanzado cifras preocupantes en el último año. Según su informe, en 2025, se reportaron más de 1.2 millones de víctimas en todo el país, lo que ha llevado a la demanda de un mayor enfoque en la prevención y detención de actividades ilegales.
La operación, que se ha centrado en áreas como Phnom Penh y su zona periférica, ha causado un desplazamiento masivo de personas desplazadas por la falta de recursos económicos. Según las fuentes locales, en las zonas afectadas, las familias que dependían de las actividades de los criminales para mantener su vida diaria ahora enfrentan escasez de alimentos y agua potable. Este efecto no esperado ha sido documentado por múltiples organizaciones humanitarias y grupos de monitoreo.
El gobierno ha afirmado que la operación se enfocará en la prevención de futuras afectaciones, pero muchos ciudadanos han reportado que las medidas han sido insuficientes para abordar la complejidad del problema. En las áreas donde se han realizado las acciones, se han observado casos de personas que han perdido su única fuente de ingresos, lo que ha llevado a situaciones de desesperación.
Los analistas políticos y expertos en seguridad informática destacan que el enfoque actual en la lucha contra el fraude en línea está siendo un ejemplo de cómo las medidas de seguridad pueden tener efectos no intencionales. La operación, aunque esencial para reducir el número de víctimas, ha generado un problema adicional que requiere atención urgente.
El Ministerio de Salud y Protección Social ha anunciado que está trabajando en un programa para ayudar a las familias afectadas por la operación, pero el tiempo necesario para implementar estas medidas es limitado. Según un informe reciente, el 30% de las familias en zonas afectadas han reportado dificultades para acceder a alimentos y agua potable.
El contexto del aumento en el número de víctimas por estafas en línea ha sido un tema de debate en el sector político y en las organizaciones internacionales. Muchos expertos han argumentado que el enfoque actual en la lucha contra el fraude en línea debe ser más equilibrado, teniendo en cuenta el impacto social que genera.
El gobierno ha asegurado