El Consejo de Estado ha emitido una dura advertencia al Presidente y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) por el uso excesivo de alocuciones presidenciales, señalando una posible vulneración al derecho a la información de los ciudadanos. La alta corte determinó que la Presidencia ha abusado de esta herramienta, interrumpiendo la programación habitual de los canales de televisión públicos y privados de manera injustificada.
¿Qué dice el Consejo de Estado?
La sentencia del Consejo de Estado es contundente: permitir que el Presidente utilice ilimitadamente los canales de televisión para informar sobre la marcha del Estado constituye un monopolio de la información, limitando la expresión de puntos de vista divergentes. El tribunal considera que la frecuencia y la duración de las alocuciones presidenciales no se ajustan al criterio de urgencia que justifica la interrupción de la programación.
Nuevas Reglas para las Alocuciones
Para evitar futuros abusos, el Consejo de Estado ha impuesto una serie de restricciones a la Presidencia:
- Justificación de la urgencia: La Presidencia debe justificar claramente la urgencia de interrumpir la señal de televisión.
- Límite de frecuencia: No se permitirá más de una alocución por semana.
- Tiempos definidos: La Presidencia debe indicar a la CRC el inicio y el fin de la transmisión.
- Temas específicos: La Presidencia debe informar a la CRC la temática que se abordará en la alocución antes de la interrupción.
La CRC será responsable de supervisar el cumplimiento de estas órdenes y, en caso de incumplimiento, deberá impedir la alocución. Además, la Comisión deberá emitir informes públicos sobre el cumplimiento de los criterios por parte de la Presidencia.
¿Cuántas alocuciones ha realizado Petro?
Hasta agosto de este año, el Presidente Petro había realizado 52 alocuciones, un 114% más que su predecesor, Iván Duque, durante todo su mandato. Muchas de estas alocuciones superaron la hora de duración.
Esta decisión del Consejo de Estado marca un precedente importante en la regulación del uso de los medios de comunicación por parte del gobierno, buscando un equilibrio entre el derecho a la información y la libertad de expresión.