El presidente Gustavo Petro ha respondido a la petición de Enrique Vargas Lleras a Elon Musk, propietario de X (antes Twitter), para que se evalúe la suspensión o restricción de su cuenta en la plataforma. La solicitud de Vargas Lleras surge tras la inclusión de Petro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como la 'Lista Clinton'.
En lugar de abordar directamente la petición de suspensión, Petro optó por una estrategia diferente, extendiendo una invitación a Elon Musk para que invierta en Colombia. El mandatario propuso la instalación de una planta de vehículos eléctricos en el país, con el objetivo de convertir a Colombia en un centro de exportación de carros y motos eléctricas para Latinoamérica.
"Yo más bien le solicito a Elon Musk que traiga su planta de carros eléctricos y hagamos de Colombia el gran centro de la exportación latinoamericana de carros y motos eléctricas de alta gama y populares", escribió Petro en su cuenta de X.
Además, Petro argumentó que la ley OFAC no es aplicable en su caso, ya que no existen transacciones financieras ni comerciales directas entre él y Elon Musk, ni ninguna relación con ciudadanos estadounidenses que justifique su inclusión en la lista. El presidente considera que su inclusión en la lista de la OFAC viola sus derechos humanos.
Petro también instó a sus seguidores a estar atentos ante una posible censura en X y a buscarlo en otras redes sociales. Adicionalmente, solicitó el envío de cartas a figuras como Vance, Rubio y Trump, exigiendo respeto a su libertad de expresión y su exclusión de la lista de la OFAC. Según Petro, no existen pruebas que justifiquen su inclusión en dicha lista, argumentando que se debe únicamente a sus críticas al genocidio en Gaza y a las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe.
En caso de que se concrete la censura en X, Petro advirtió que saldrá a las calles a comunicarse directamente con la ciudadanía, gobernando desde una "caravana de democracia y paz" que recorrerá pueblos y ciudades del país.
La situación se produce en un contexto de crecientes tensiones entre el gobierno colombiano y algunos sectores en Estados Unidos, y plantea interrogantes sobre el alcance de la influencia de la lista de la OFAC en la libertad de expresión de figuras políticas.