La Fundación Universitaria San José ha anunciado la anulación del título profesional de Juliana Guerrero, representante de la administración de Gustavo Petro en la Universidad Popular del Cesar. Esta decisión se tomó tras la falta de evidencia de participación de Guerrero en las actividades académicas requeridas para la obtención del título.
Orden Judicial para Revelar Información Académica
Previamente, el Juzgado 13 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá ordenó a la Fundación San José entregar la información académica de Juliana Guerrero en un plazo de 48 horas. Esta orden respondía a un derecho de petición presentado por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien solicitaba los documentos que acreditaban los títulos de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, y Contaduría Pública que Guerrero afirma poseer.
El juez determinó que la universidad había incumplido su deber de respuesta al entregar información “evasiva” que no cumplía con los requisitos constitucionales del derecho de petición. El fallo subraya que los títulos universitarios y las actas de grado son documentos públicos, especialmente cuando habilitan el ejercicio de una profesión.
Interés Público y Control Político
La providencia judicial cita jurisprudencia de la Corte Constitucional que establece que los títulos académicos son actos administrativos de carácter público. Además, resalta que la información relacionada con la formación de un funcionario puede divulgarse cuando existe un interés público sobre su idoneidad. En este caso, la información sobre los títulos de Juliana Guerrero, quien aspiró a ser viceministra de las Juventudes, es relevante para el control político y público sobre la idoneidad de quienes asumen responsabilidades en el Gobierno nacional.
- La Fundación San José anula el título de Juliana Guerrero.
- Una orden judicial obligó a la universidad a revelar la información académica.
- El caso destaca la importancia de la transparencia en la información de funcionarios públicos.
Este caso pone de relieve la importancia del acceso a la información pública y el control sobre la idoneidad de los funcionarios, especialmente aquellos que aspiran a cargos de alta responsabilidad.