La no firma del convenio de cofinanciación para el Tren de Cercanías del Valle del Cauca ha desatado una fuerte polémica entre el Gobierno Nacional y los líderes políticos de la región. Gremios y autoridades locales expresan su preocupación por el futuro del proyecto, crucial para la conectividad y el desarrollo del departamento.
¿Qué está pasando con el Tren de Cercanías?
El 8 de noviembre venció el plazo para que el Gobierno Nacional formalizara su compromiso financiero con el Tren de Cercanías, un proyecto que busca conectar Cali con municipios aledaños como Jamundí, Palmira y Yumbo. La gobernadora Dilian Francisca Toro, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la alcaldesa de Jamundí, Paula Castilla, ya aseguraron el 30% de los recursos a través de vigencias futuras. Sin embargo, el 70% restante, que debía ser aportado por la nación, no se concretó antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales.
Acusaciones cruzadas entre Petro y líderes del Valle
La falta de acuerdo ha generado fuertes críticas por parte de la gobernadora Toro, quien acusó al presidente Gustavo Petro de “venganza política” contra los vallecaucanos. Según Toro, esta actitud responde a la postura independiente del Congreso de la República y al desacuerdo en temas como la ley de financiamiento y la reforma a la salud.
El presidente Petro, por su parte, argumentó que la bancada vallecaucana fue la que hundió la ley de financiamiento del presupuesto de 2025, impidiendo así la financiación de varios proyectos en la región. Petro priorizará la salida al mar de los centros de producción nacional y el ferrocarril de pasajeros y carga Buenaventura-Yumbo.
¿Cuál es el futuro del Tren de Cercanías?
La no firma del convenio retrasa al menos un año el inicio de las obras, según estimaciones de las autoridades regionales. Los gremios del Valle, como Propacífico y el Comité Intergremial, han defendido la viabilidad técnica y fiscal del proyecto, instando al Gobierno Nacional a reconsiderar su decisión.
- El proyecto es crucial para la movilidad y el desarrollo económico de la región.
- La disputa política pone en riesgo la ejecución de una obra estratégica.
- Se espera que las autoridades regionales y el Gobierno Nacional retomen el diálogo para buscar una solución.