Una investigación periodística de Noticias Caracol ha desatado una fuerte controversia en Colombia, al revelar presuntos vínculos entre altos funcionarios del gobierno del Presidente Petro y las disidencias de las FARC. La información, obtenida a partir de la infiltración de correos y computadores pertenecientes a alias 'Calarcá', líder de las disidencias, sugiere una relación cercana y hasta posible financiación de la campaña presidencial.
¿Quiénes están implicados?
Los nombres que resuenan con mayor fuerza son los del General del Ejército Juan Miguel Huertas, actual jefe del Comando de Personal, y Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según el informe, chats, correos electrónicos, fotografías y memorias digitales evidencian una estrecha relación entre ambos y líderes de las disidencias. Además, se menciona una supuesta financiación de la campaña 'Petro Presidente'.
El origen del escándalo: Un retén en Anorí
El caso se remonta a julio de 2024, cuando una caravana con siete jefes de disidencias, custodiada por escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue detenida en un retén en Anorí, Antioquia. En la caravana se encontraron armas, dinero y un menor de edad. A pesar de la aparente flagrancia, la Fiscalía General de la Nación ordenó la liberación de la mayoría de los capturados, argumentando que eran gestores de paz.
La información contenida en los dispositivos incautados en este operativo, que incluyen menciones a la vicepresidenta Francia Márquez, ha generado un intenso debate político y judicial. La lentitud de la Fiscalía en avanzar en la investigación, a pesar de contar con la evidencia desde hace más de un año, también ha sido objeto de críticas.
Este escándalo se suma a la ya tensa situación política en Colombia, poniendo en entredicho la transparencia del proceso de paz total impulsado por el gobierno actual. La opinión pública espera respuestas claras y contundentes por parte de las autoridades competentes.
La W Radio y otros medios nacionales han replicado la noticia, amplificando el alcance del escándalo y aumentando la presión sobre el gobierno para que dé explicaciones detalladas sobre los hechos denunciados. El debate continúa abierto, y las próximas semanas serán cruciales para determinar el futuro de las investigaciones y las implicaciones políticas de este caso.