Una investigación de Noticias Caracol ha revelado un presunto entramado de corrupción que involucra a jefes de las disidencias de las FARC, lideradas por alias 'Calarcá', al general del Ejército Juan Miguel Huertas y a un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía. La información sugiere posibles vínculos y acuerdos entre estos actores, generando preocupación en la opinión pública.
Detalles de la Investigación
Los hechos se remontan a julio de 2024, cuando una caravana que transportaba a siete jefes de las disidencias, custodiada por integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue detenida en un retén militar en Anorí, Antioquia. La caravana transportaba armas, dinero y un menor de edad. A pesar de la detención, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó la liberación de la mayoría de los capturados, argumentando que eran gestores de paz.
Durante el operativo, se incautaron computadores, memorias USB y celulares con información delicada. Sin embargo, la Fiscalía no habría abierto ninguna investigación al respecto, lo que ha generado interrogantes sobre la transparencia del proceso.
Implicaciones Políticas
La investigación también reveló conversaciones entre miembros de las disidencias y alias 'Iván Mordisco', en las que supuestamente se menciona a la vicepresidenta Francia Márquez como intermediaria en la financiación entre el Estado Mayor Central y la campaña de Gustavo Petro a la presidencia. Esta información ha generado controversia y ha sido objeto de debate en los medios de comunicación y en la esfera política.
General Huertas en el Centro del Escándalo
El general Juan Miguel Huertas, quien había sido retirado del Ejército durante el gobierno de Iván Duque y reintegrado tras apoyar la campaña de Petro, es señalado en la investigación por presuntos nexos con las disidencias. Se le acusa de proponer la creación de una empresa de seguridad aparentemente legal que permitiría a los disidentes movilizarse con armas y vehículos blindados, proporcionándoles una fachada legal para sus actividades.
Este escándalo plantea serias interrogantes sobre la integridad de algunos funcionarios del Estado y la posible infiltración de grupos armados ilegales en las instituciones. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.