La Procuraduría General de la Nación ha abierto una indagación formal contra el brigadier general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal (Coper) del Ejército Nacional, y Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por presuntos vínculos con las disidencias lideradas por alias 'Calarcá'. Esta investigación surge a raíz de una serie de revelaciones hechas por Noticias Caracol, que sugieren una posible conexión entre estos funcionarios y el grupo disidente.
La Sala Disciplinaria del Ministerio Público ha ordenado la recolección de pruebas para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los posibles responsables. Entre las acciones solicitadas, se incluye la obtención de la hoja de vida institucional del general Huertas, así como información detallada sobre sus funciones actuales y datos de contacto actualizados. De manera similar, se ha solicitado a la DNI que certifique si Wilmar Mejía es empleado de la entidad, proporcionando detalles sobre su periodo de vinculación, cargos ocupados y funciones desempeñadas.
Este escándalo se suma a la controversia generada por las recientes declaraciones del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien solicitó al gobierno de los Estados Unidos incluir a la fiscal Camargo en la Lista Clinton, acusándola de complicidad en la liberación de alias 'Calarcá'. Rendón argumenta que existen pruebas de un "entramado criminal" que involucra a la fiscal y a otros actores en la facilitación de la libertad del líder disidente.
Las acusaciones contra el general Huertas y Wilmar Mejía, junto con las denuncias contra la fiscal Camargo, han generado una ola de reacciones en el país. El comandante de las Fuerzas Militares ha anunciado que se tomarán las medidas correspondientes ante estas graves acusaciones. La Procuraduría busca determinar si hubo irregularidades y si se vulneraron los principios de la función pública.
Implicaciones del caso
Este caso pone de manifiesto la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los presuntos nexos entre funcionarios del Estado y grupos disidentes. La credibilidad de las instituciones y la confianza pública están en juego. La Procuraduría deberá determinar si existieron responsabilidades disciplinarias y si las acciones de los investigados comprometieron la seguridad nacional.
Próximos pasos
La Procuraduría continuará con la recolección de pruebas y la toma de testimonios para determinar la veracidad de las acusaciones. Se espera que en las próximas semanas se conozcan nuevos detalles sobre este caso que ha sacudido al país.