La política de paz total del gobierno de Gustavo Petro enfrenta una encrucijada compleja y llena de contradicciones. Mientras se intensifican las negociaciones con una facción disidente de las FARC liderada por 'Calarcá' Córdoba, el Estado Mayor Central (EMC) de 'Iván Mordisco' es blanco de una ofensiva militar sin precedentes.
Ofensiva contra 'Mordisco': De socio a enemigo
El contraste entre el tratamiento dado a las dos principales disidencias de las FARC es notable. El gobierno considera al EMC de 'Mordisco' una organización terrorista y ha intensificado los bombardeos contra sus campamentos. Esta postura marca un giro drástico, considerando que en el pasado reciente, 'Mordisco' fue un aliado en los esfuerzos de paz.
Escándalo sacude la DNI: Nexos con 'Calarcá'
Paralelamente a los avances en las negociaciones con 'Calarcá', una investigación periodística destapó una presunta red de corrupción que involucra a un general del Ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Se les acusa de filtrar información sensible a las disidencias de 'Calarcá', comprometiendo operativos militares y la seguridad nacional.
Petro niega las acusaciones
El presidente Petro ha desestimado las acusaciones, calificándolas de “falsas” y sugiriendo una campaña para purgar a funcionarios que han ayudado a identificar oficiales corruptos. Sin embargo, la gravedad de las denuncias ha generado una crisis política y cuestionamientos sobre la transparencia y efectividad de la política de paz total.
Implicaciones del escándalo
- Fortalecimiento de las disidencias: Se investiga si la facción de 'Calarcá' se ha fortalecido gracias a la colaboración de funcionarios del gobierno.
- Filtración de información: Se habrían filtrado documentos de inteligencia y información clasificada a miembros de grupos armados ilegales.
- Acuerdos secretos: Se investigan supuestos acuerdos de no agresión entre la fuerza pública y las disidencias.
La situación actual plantea serias interrogantes sobre el futuro de la paz total y la capacidad del gobierno para mantener la seguridad y el orden público mientras negocia con grupos armados.