Salario Mínimo 2026: Comienza la Concertación en Colombia

Salario Mínimo 2026: Comienza la Concertación en Colombia

La negociación para el aumento del salario mínimo en Colombia para el año 2026 ha comenzado formalmente, marcando el inicio de un debate crucial entre el Gobierno, los sindicatos y los gremios empresariales. Este año, la discusión se ha adelantado con posturas divergentes que prometen una negociación intensa.

Posiciones Iniciales y Propuestas

El Gobierno de Gustavo Petro ha propuesto un aumento del 11%, lo que elevaría el salario mínimo mensual a $1.580.085 (sin auxilio de transporte). La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) aboga por un incremento igual o superior, argumentando la necesidad de cubrir el costo real de la canasta familiar. En contraste, empresarios y centros de investigación como Fedesarrollo sugieren un alza más moderada, entre el 6% y el 7%, con el fin de preservar la formalidad laboral y evitar presiones inflacionarias.

Factores Clave en la Discusión

La discusión se desarrolla en un contexto económico particular. La inflación anual a octubre de 2025 se sitúa en 5,51%, mientras que la productividad total de los factores ha aumentado un 0,91%, según el DANE. Estas cifras son fundamentales para determinar el ajuste salarial.

La Mesa de Concertación y Próximos Pasos

La mesa de concertación salarial se instaló el 1 de diciembre de 2025. Se espera que las partes lleguen a un acuerdo sobre el ajuste del salario mínimo. El 6 de diciembre, el DANE publicará el IPC actualizado de noviembre de 2025, un dato crucial para definir el incremento. El primer plazo legal para alcanzar un acuerdo vence el 15 de diciembre. Si no hay consenso, se abrirá una fase extraordinaria. Si persiste la falta de acuerdo, el Gobierno podrá fijar el salario mínimo por decreto antes del 3.

La Controversia con Fenalco

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, anticipó su no participación en la mesa de concertación, argumentando falta de garantías y la previsión de que el Gobierno definiría la cifra por decreto. Esta postura ha generado críticas desde el Ministerio del Trabajo y las centrales obreras.