Escándalo en el Poder Judicial: Orden de Captura para Elizabeth Peralta
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, liderado por el juez Juan Carlos Checkley Soria, ha emitido una orden de ubicación y captura a nivel nacional e internacional contra la fiscal Elizabeth Peralta. Esta decisión drástica se produce en el contexto de una investigación por presunto tráfico de influencias y cohecho activo.
La medida, que fue dictada en horas de la tarde del 4 de noviembre, revoca la orden anterior que permitía la excarcelación de la fiscal suspendida. Ahora, las autoridades competentes, incluyendo la Policía Nacional, el Registro de Requisitorias del Poder Judicial, INTERPOL y la Superintendencia Nacional de Migraciones, han sido notificadas para proceder con la captura.
Anteriormente, el 29 de octubre, el mismo juez Checkley Soria había dispuesto la libertad de Peralta Santur, revisando de oficio los 18 meses de prisión preventiva impuestos en su contra. Además, se le prohibió comunicarse con otros investigados o testigos del caso y se le exigió una caución de S/10,000.
La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP) también ha intervenido en el caso, informando sobre la imposición de una medida cautelar de apartamiento preventivo del cargo por un plazo de tres meses. Sin embargo, esta medida aún no ha podido ser ejecutada debido a la imposibilidad de ubicar a la fiscal en sus domicilios para notificarla personalmente.
Este caso genera interrogantes sobre la transparencia y la integridad dentro del sistema judicial peruano. La orden de captura internacional intensifica la presión sobre Elizabeth Peralta y podría revelar detalles cruciales sobre las acusaciones en su contra. Se espera que las autoridades actúen con celeridad y transparencia para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
¿Qué sigue en este caso?
- Ejecución de la orden de captura a nivel nacional e internacional.
- Investigación exhaustiva sobre las acusaciones de tráfico de influencias y cohecho activo.
- Determinación de responsabilidades y sanciones correspondientes.