El accidente en la Panamericana Sur que dejó tres personas fallecidas y ocho heridas el miércoles pasado ha revelado una situación crítica en el ámbito laboral de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape). Según fuentes cercanas al incidente, dos trabajadores de Emape que perdieron la vida en el choque múltiple no tenían un contrato laboral vigente ni una orden de servicio en el momento del suceso. Este hecho ha generado preocupación sobre la precariedad laboral que enfrentan miles de empleados en el sector municipal.
El programa televisivo Punto Final señaló que, en el momento en que los trabajadores fallecieron, no contaban con una orden de servicio. Según información del programa, al menos 200 trabajadores de Emape se encuentran en la misma condición de precariedad. La empresa ha admitido que se está regularizando el vínculo laboral con todos los afectados, pero el incidente ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema contractual en el sector municipal.
El esposo de Jessica Colachagua Toledo, una de las víctimas fatales, reveló que ella apenas cumplía su segundo día de trabajo en Emape. Según sus palabras, el lunes fue a una entrevista y la contrataron por falta de personal, pero el miércoles, en medio del accidente, no tenía seguro ni estabilidad laboral. «Era día trabajado, día pagado. El pago era mensual, pero no tenía ningún seguro», explicó su esposo Christian Vásquez, destacando que el puesto no ofrecía seguridad ni estabilidad.
El accidente, que involucró cinco vehículos en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur, fue causado por un choque violento entre un camión que transportaba pollos, una furgoneta de personal y una unidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Los trabajadores de Emape realizaban labores de mantenimiento cuando el camión impactó contra la furgoneta detenida, dejando a la unidad empotrada en la vía central. Los rescatistas y bomberos desplegaron herramientas para liberar a los afectados.
Según las investigaciones, los trabajadores de Emape han sido obligados a pagar el Seguro Complementario de Riesgo en Trabajo (SCRT), un seguro que no siempre está garantizado por el Estado. Los empleados, que prefirieron no revelar su identidad por miedo a represalias, revelaron que el sistema de seguridad laboral en el sector municipal carece de regulación adecuada. El presidente del directorio de Emape, Pablo Paredes, declaró que se está gestionando la expedición de las órdenes de servicio para los trabajadores afectados, pero el incidente ha evidenciado la falta de protección laboral que enfrentan.
El hecho ha generado un llamado a mejorar las políticas laborales en el sector municipal, especialmente en contextos de emergencia. Los familiares y colegas de los víctimos han expresado que el trabajo en Emape, aunque necesario, es altamente riesgoso y no siempre ofrece estabilidad. El caso ha sido objeto de atención por parte de organismos de derechos humanos y especialistas en seguridad laboral, quienes exigen un estudio riguroso sobre las condiciones laborales en el sector municipal.
