Este 5 de marzo, más de 8.000 conductores del sector de transporte urbano en Lima iniciaron un paro nacional para exigir seguridad, aplicación efectiva de la Ley 32490 y medidas concretas contra el sicariato en el sector. El movimiento, organizado por gremios como la Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte (ASTE), afectará el funcionamiento de miles de buses, combis, taxis y colectivos en las principales arterias de la capital. Según datos preliminares, el paro se concentrará en zonas clave como la avenida de los museos, el sector de San Isidro y la zona este de Lima, generando un impacto significativo en el flujo vehicular.
La causa principal del paro radica en la creciente violencia y extorsiones que enfrentan los conductores, especialmente en el contexto de la alta incidencia de asesinatos de choferes. Según informes de la policía nacional, en los últimos seis meses se han registrado más de 150 casos de violencia contra conductores, con un 40% vinculado a actividades de 'sicarios' en el sector. Los gremios señalan que el sistema actual de protección no responde a las necesidades reales de los trabajadores, lo que ha llevado a una crisis de confianza en el sector.
El presidente del ATE, Carlos López, explicó que el paro busca no solo garantizar la seguridad de los conductores, sino también presionar al gobierno para que implemente medidas concretas en materia de justicia y protección. 'El gobierno no está aplicando la Ley 32490 de manera efectiva, y los conductores están en riesgo por no tener acceso a un sistema de reporte seguro', destacó. Según el dirigente, el 60% de los casos de violencia se presentan en áreas donde no hay control efectivo, lo que dificulta la rápida acción de las autoridades.
El movimiento también recibe apoyo de organizaciones sociales y sindicales que han denunciado la falta de políticas públicas adecuadas para combatir el sicariato. En un contexto donde el transporte público representa el 35% del flujo diario en Lima, el paro podría provocar un aumento del 25% en las desplazamientos en transporte privado, lo que genera una presión adicional sobre el sistema.
Los gremios han solicitado la implementación de un sistema nacional de alertas en tiempo real para los conductores, así como un programa de capacitación en seguridad y respuesta ante amenazas. Además, proponen la creación de un comité de seguridad especializado para monitorear y actuar ante casos de violencia. Según un informe reciente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el sector de transporte urbano, el 75% de los casos de violencia están vinculados a actividades de 'sicarios' que operan en laos de transporte público.
El gobierno nacional ha respondido con una serie de medidas preventivas, pero los gremios argumentan que son insuficientes. En una reunión previa con el presidente de la República, se abordaron temas como la creación de un protocolo de seguridad, pero los conductores señalan que los resultados no son claros. La organización del paro
