Senado Informado sobre Querellas contra Senadora Celeste Amarilla
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La jueza penal de Liquidación y Sentencia de la Capital, Lourdes Peña Villalba, ha emitido una orden para notificar formalmente al Senado de Paraguay sobre dos querellas autónomas por difamación presentadas contra la senadora Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Esta acción judicial fue impulsada por la diputada María Cristina Villalba y el exdiputado Nazario Rojas, quienes acusan a la legisladora de realizar declaraciones que consideran lesivas para su honor y reputación.
Detalles de las Querellas
Según informó el abogado Óscar Tuma, representante legal de Villalba y Rojas, la jueza Peña Villalba dictó las providencias correspondientes el pasado 12 de junio. En cumplimiento del procedimiento legal, se ordenó remitir los antecedentes al presidente del Congreso Nacional y del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, para su conocimiento y los fines institucionales pertinentes.
Las providencias judiciales establecen claramente la necesidad de informar a la Cámara de Senadores sobre la querella en curso contra Celeste Amarilla, adjuntando las copias necesarias para su traslado. Ambas querellas, presentadas individualmente por Villalba y Rojas, se basan en acusaciones de que Amarilla, en su rol anterior como diputada, realizó afirmaciones sin presentar pruebas formales ni denuncias, vinculándolos con actividades relacionadas al narcotráfico. Los querellantes sostienen que estas declaraciones han afectado gravemente su honor y reputación.
Posible Desafuero
Este paso formal de informar al Senado sobre las querellas podría tener consecuencias significativas para la senadora Amarilla. Si la causa judicial avanza, existe la posibilidad de que se inicie un proceso de desafuero, lo que implicaría la suspensión de sus funciones como legisladora mientras se desarrolla la investigación. La decisión final sobre el desafuero recaería en el pleno del Senado.
La situación actual abre un debate importante sobre la libertad de expresión de los legisladores y los límites de las acusaciones públicas, especialmente cuando se trata de temas sensibles como el narcotráfico. El desarrollo de este caso será seguido de cerca tanto por los actores políticos involucrados como por la ciudadanía en general.