La Sociedad Rural Argentina (SRA) ha levantado su voz en señal de preocupación ante la Ley Fiscal impulsada por el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. En un contexto marcado por desafíos económicos y climáticos, la SRA advierte sobre la posible transferencia de facultades clave al Poder Ejecutivo en lo que respecta a la definición del Impuesto Inmobiliario Rural. Esta situación, según la entidad, genera incertidumbre y dificulta la planificación del sector agropecuario.
Críticas al Proyecto de Ley Fiscal
La SRA argumenta que el proyecto de ley, tal como está redactado, otorga al Ejecutivo provincial una discrecionalidad excesiva en la determinación de las valuaciones y los ajustes del Impuesto Inmobiliario Rural. Específicamente, señalan el Artículo 133, que permitiría al Ejecutivo intervenir en las valuaciones sin criterios claros ni un plan de revalúo consensuado con las instituciones locales y la comunidad productiva.
Incertidumbre y Falta de Previsibilidad
Otro punto de controversia es el Artículo 167, que autorizaría la modificación de las cuotas del impuesto incluso durante el ejercicio fiscal en curso. Esto, según la SRA, impacta negativamente en la capacidad de planificación de los productores. La falta de porcentajes definidos por ley en el esquema de bonificaciones también contribuye a la inseguridad normativa.
El Llamado a la Legislatura
Ante este panorama, la Sociedad Rural Argentina insta a la Legislatura provincial a asumir su responsabilidad constitucional y definir de manera precisa los criterios, límites y alcances del Impuesto Inmobiliario Rural, evitando delegar facultades esenciales al Poder Ejecutivo. La SRA enfatiza la necesidad de un marco normativo claro y predecible para fomentar la inversión y el desarrollo del sector agropecuario en la provincia de Buenos Aires.
En resumen, la preocupación central de la SRA radica en la posible pérdida de control por parte de la Legislatura sobre un impuesto clave para el sector rural, lo que podría generar consecuencias negativas para la economía provincial.