La ciudad de Berkeley, California, busca activamente limitar el acceso de agencias federales de inmigración, como el ICE (Immigration and Customs Enforcement), a propiedades municipales. El Concejo Municipal ordenó a la administración de la ciudad reforzar el control sobre quién puede usar propiedades de la ciudad, como parques y estacionamientos, y cómo.
El objetivo principal es evitar que agencias federales utilicen ubicaciones de propiedad municipal para llevar a cabo la agenda de deportación de la administración Trump. Esta medida surge en un contexto donde ciudades con gobiernos mayoritariamente demócratas, como Chicago, Portland y Oakland, han visto una mayor presencia de agentes federales.
Desafíos y Dudas en la Implementación
Sin embargo, la iniciativa enfrenta desafíos. El historial reciente de la ciudad en la gestión de propiedades es problemático, llegando incluso a perder el rastro de un edificio de su propiedad. Por lo tanto, el Concejo ordenó a la administración municipal elaborar un inventario de "todas las propiedades de propiedad y controladas por la ciudad". Aún no está claro si existe un inventario centralizado de este tipo.
Además, se cuestiona la efectividad práctica de una ordenanza o política municipal si Washington decide enviar agentes federales a Berkeley. En Portland, agentes federales han utilizado gases lacrimógenos y balas de pimienta contra la policía local frente a un edificio del ICE, exigiendo a los agentes que "ayuden o se aparten del camino", según la policía de la ciudad.
Reacciones y Alcance de la Medida
Berkeleyside consultó a la alcaldesa Adena Ishii, una de las autoras de la iniciativa, sobre las aplicaciones prácticas de la orden y cómo aumentaría tangiblemente la protección de las comunidades inmigrantes de Berkeley. Melissa Male, portavoz de Ishii, dijo que correspondería a los abogados y al administrador de la ciudad "determinar los parámetros legales y si tiene dientes, por así decirlo".
La ciudad busca utilizar todas las herramientas posibles para limitar, en la medida de lo posible, la intervención del gobierno federal en temas de inmigración dentro de su jurisdicción. La implementación y el impacto real de esta medida aún están por verse.