La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa contra Coljuegos, la empresa estatal encargada de la regulación de los juegos de suerte y azar en Colombia, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato relacionado con la explotación del popular juego Baloto.
Según el órgano de control, la investigación se centra en decisiones tomadas por la Junta Directiva de Coljuegos que habrían afectado el proceso licitatorio. Estas decisiones incluirían modificaciones al reglamento del juego, la flexibilización de los requisitos para los participantes y, lo que es más preocupante, una reducción en la tarifa de explotación económica que Coljuegos debe pagar al Estado.
¿Qué implicaciones tiene esta investigación?
La Procuraduría busca determinar si estas decisiones son viables desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero. Se investiga especialmente la reducción de las tarifas de explotación y la flexibilización de los términos del proceso, ya que esto podría comprometer la destinación de recursos importantes al sistema de salud colombiano. Los ingresos generados por juegos como el Baloto son una fuente crucial de financiación para este sector.
Próximos pasos en la investigación
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ha solicitado la realización de pruebas para identificar a los posibles responsables de estas presuntas irregularidades y para establecer las circunstancias en que se llevaron a cabo los hechos. Esto incluye determinar el tiempo, el modo y el lugar en que ocurrieron.
Esta indagación se produce después de que el Presidente Petro expresara su preocupación por el tema en una entrevista reciente, lo que sugiere que el gobierno está prestando mucha atención a este caso. La investigación podría tener consecuencias significativas para Coljuegos y para la forma en que se regulan los juegos de azar en Colombia.
- Se investiga la viabilidad técnica, jurídica y financiera de las decisiones de la Junta Directiva.
- Se busca determinar si se comprometieron recursos destinados al sistema de salud.
- La Procuraduría busca identificar a los responsables de las presuntas irregularidades.