La Cámara de Diputados del Congreso paraguayo aprobó recientemente una reforma fundamental en la caja fiscal, que genera importantes ajustes en la estructura de aportes y contribuciones para los sectores laborales. Según un informe oficial, el proyecto incluye la implementación de un aporte obligatorio aplicable a toda la remuneración imponible del afiliado. Este cambio representa un ajuste significativo en la política contributiva del país.
El nuevo sistema establece una distribución específica: el 5% de aporte del Estado aplicado de manera gradual, junto con un 16% para sectores superavitarios y 19% para sectores deficitarios del aporte del afiliado. Este ajuste busca equilibrar las obligaciones entre diferentes grupos laborales, adaptándose a las condiciones económicas actuales.
La reforma también incorpora modificaciones en el artículo 12, centradas en el Magisterio Nacional, Docentes Universitarios y Magistrados Judiciales, lo que refleja la atención especial que el gobierno ha dedicado a sectores clave en la sociedad. Estas modificaciones buscan optimizar el financiamiento para estos grupos, que históricamente han tenido dificultades para garantizar estabilidad financiera.
El contexto actual en Paraguay presenta desafíos económicos importantes, especialmente en el ámbito educativo y gubernamental. Los docentes en masa han anunciado una «decisión política de no iniciar las clases» para el próximo 23 de febrero, una medida que se relaciona directamente con las nuevas políticas de aportes. Este movimiento refleja la tensión entre las reformas fiscales y las necesidades reales de las instituciones educativas.
Según fuentes en el Congreso, el proyecto ha sido revisado cuidadosamente por la Comisión de Presupuesto, que incluye recomendaciones para asegurar el equilibrio financiero a largo plazo. Los cambios propuestos buscan evitar crisis en el sistema de aportes, especialmente en momentos de incertidumbre económica.
Este acuerdo en la reforma de caja fiscal representa un paso importante para la estabilidad en el sistema público, aunque también genera preocupaciones sobre su impacto en la capacidad de pago de los trabajadores. Los analistas destacan que la implementación de estos cambios requerirá ajustes continuos para adaptarse a las necesidades del mercado laboral.